¿Cómo se fabrica una causa judicial?

El Caso contra Mario Indij y su Escuela de Conocimiento es un claro ejemplo de discriminación y persecución por razones religiosas e ideológicas, utilizando de forma espúrea y fraudulenta las herramientas jurídicas con las que se supone se debe salvaguardar la justicia y llegar a la verdad, en vez de encubrir una red de mentiras y corrupción institucional.

¿Cómo se fabrica una causa judicial?

No es tan sencillo; es necesaria la concurrencia de varios factores de poder; el más importante de los cuales es hoy el poder mediático. Los medios masivos de comunicación son parte de las grandes corporaciones económicas. Los presidentes electos, los jueces, los fiscales, los funcionarios en general, pasan… pero las corporaciones quedan. Un puñado de grupos económicos se repartieron el país arrasado por la dictadura militar del ’76, como botín de guerra. Y así, después de la purga sobre la sociedad y las instituciones democráticas que significó el Terrorismo de Estado; cuando regresó la democracia, ésta lo hizo bajo la tutela de las corporaciones, cuya capacidad de controlar a la opinión pública les dio enorme poder de presión sobre los gobiernos, a los que comenzaron a manipular como si fueran sus títeres, obteniendo de tal manera favores y prebendas cada vez mayores: En los años ’90 el Estado le regaló el Canal 13 al Grupo Clarín, y le otorgó licencias de decenas de radios, canales de cable, canales de aire que actúan como repetidoras y numerosos periódicos del interior del país. Así es como el diario cordobés, La Voz del Interior, se anexa al gran pulpo mediático que controla buena parte de la agenda de los asuntos públicos a su entera conveniencia.

Cabe recordar también que el Grupo Clarín comenzó a convertirse en un monopolio durante los tiempos negros de la dictadura, cuando presuntamente se apropió de forma fraudulenta de la empresa Papel Prensa, la única fábrica de papel de diario a gran escala en el país. Quien controlara el principal insumo, controlaría a toda la prensa. Lidia Papaleo, la viuda de Graiver (ex dueño legítimo de Papel Prensa, fallecido en circunstancias dudosas) declaró recientemente ante la Justicia las amenazas de muerte bajo las cuales se vio forzada a simular la venta de la empresa por la irrisoria suma de mil dólares americanos a su comprador, el diario Clarín -que en ese momento no era ni tan grande ni tan poderoso como lo es hoy- y a su socio: el diario La Nación. A los pocos días de sucedido el hecho, la señora de Graiver fue secuestrada y llevada a los campos de exterminio de la dictadura militar donde fue torturada y violada de manera sistemática durante largos y horrendos años.

Lidia Papaleo de Graiver sobrevivió al infierno para contarlo. Y mientras miles de hechos similares sucedían a lo largo y ancho del país, el diario Clarín publicaba historias falsas sobre inexistentes enfrentamientos entre las “fuerzas del orden” y la “subversión marxista”, para ocultar el genocidio que el gobierno militar llevaba a cabo de forma clandestina, planeada y sistemática, en oscuros sótanos, en tenebrosos centros de tortura, y en aviones de la muerte desde donde se arrojaban personas vivas al Río de la Plata…

Ésa es la metodología del Grupo Clarín, la misma que se replica en cada una de sus radios, en cada uno de sus canales de TV y “servicios informativos”, en cada uno de sus periódicos; y por supuesto: también en La Voz del Interior.

Se trata de la continuación de la dictadura militar, pero por otros medios: los de comunicación.

Pero resulta ahora que el mismo diario “La Voz” publica un supuesto caso de abuso sexual, por demás dudoso e insostenible jurídicamente… ¿Y quieren saber por qué lo hizo? En primer lugar porque el “acusado” se negó a pagar una coima extorsiva, metodología que es habitual en La Voz del Interior cada vez que se prepara el negocio de una extorsión seguida de calumnia, según trascendidos entre abogados que recorren los pasillos de Tribunales de la Capital Federal.

Yo me pregunto dónde estaban Clarín y La Voz del Interior cuando los abusadores con uniforme torturaban y vejaban a Lidia Papaleo y a decenas de miles de personas, que en su mayoría sufrieron prolongados tormentos seguidos de muerte. ¿Dónde estaban Clarín y La Voz del Interior cuando los familiares de las víctimas de pedofilia acusaron a una enorme cantidad de sacerdotes católicos de ese aberrante delito?

En todos esos casos los diarios en cuestión callaron. ¿Y por qué? Porque son cómplices y parte de esos engranajes de poder, los más putrefactos de toda nuestra historia.

¿Y ahora estos mismos diarios quieren venir a dar “lecciones de moral”…?

¡Por favor! Sólo pueden darnos convulsiones estomacales…

¿Qué otros elementos hacen falta para armar una causa judicial falsa?

Una fiscalía donde anide la corrupción; un fiscal que proceda de forma totalmente parcial y prejuiciosa (en clara contradicción con el ejercicio de su función, incumpliendo los deberes de un funcionario público); un par de testimonios falsos y abogados inescrupulosos dispuestos a hacerlos encajar en la figura legal más conveniente.

Como trasfondo de esta red de mentiras y corrupción, podemos imaginarnos lo conveniente que resulta esta causa judicial a la sanción en la Provincia de Córdoba de una Ley Anti Sectas, la que -más allá de las buenas intenciones que manifiesta- sirve como instrumento de homogeneización dogmática, religiosa y cultural, al servicio de poderes largamente instituidos como la religión oficial (la Iglesia Católica y el Opus Dei), en una provincia políticamente conservadora como es Córdoba, donde el impulso de una sociedad moderna y pluralista choca bastante seguido con estamentos fuertemente paternalistas, herencia de un pasado feudal.

Por estas razones, el sobreseimiento del Sr. Indij, ante la evidente falta de mérito en la causa (la inconsistencia de los testimonios y la ausencia absoluta de indicios probatorios de que se haya cometido un abuso sexual) sería una señal de que las instituciones de la Provincia de Córdoba pueden también estar a la altura de las conquistas más progresistas de la sociedad, con leyes y con fallos que a nivel nacional dan cuenta del pleno goce de las libertades individuales. Hay mucha juriprudencia al respecto.

Por otro lado tampoco debería haber dificultad alguna para que las autoridades municipales habiliten un instituto de enseñanza (no oficial) donde se impartan talleres y cursos abiertos a la comunidad para la difusión de una educación especial que propicie el desarrollo armónico del ser humano: sus facultades físicas, artísticas e intelectuales tomadas integralmente.

Esperamos y alentamos a los funcionarios públicos a que se aparten del prejuicio instalado por los medios de comunicación cómplices de la dictadura, la sospecha infundada y la condena previa; y que actúen desde el respeto a los principios jurídicos más elementales, como la presunción de inocencia y la observancia de los derechos humanos y libertades individuales que ellos consagran en el Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución.

Será justicia.