Ley antisectas: viola la libertad individual

ley antisectas

El abogado Navarro, tristemente conocido por ser un perseguidor encarnizado de ideologías diferentes al agnosticismo escéptico, pretende utilizar la atmósfera intolerante de la ley-antisectas en Córdoba, para urdir una trampa siniestra: acusar a un sabio de “abuso sexual” por coerción psicológica, argumentando que es el líder de una secta destructiva. No sólo toda la acusación es una calumnia, sino que se apoya sobre una premisa completamente falsa: la identificación de una escuela de conocimiento con una secta destructiva, premisa que cuenta con el marco  ineficaz y carente de discernimiento de una ley anticonstitucional: la ley anti-sectas.

Si toda una ley se basa en una premisa equivocada, la no diferenciación entre secta y secta destructiva, entre secta destructiva y escuela de conocimiento, y por esto mismo vulnera el artículo 14 de la Constitución Nacional, debe ser considerada un marco legal ineficaz que vulnera nuestras garantías constitucionales y nuestro derecho inalienable a la libertad de creencia e ideología.

En opinión de Alfredo Silletta, especialista en el fenómeno sectario y autor de más de una decena de libros sobre la temática, un verdadero fanático anti-sectario, la existencia del “Registro Nacional de cultos”, creado para poner en práctica el art. 14 de nuestra constitución nacional, “beneficia a los grupos sectarios argentinos” (por supuesto, diríamos nosotros, para eso es la libertad de culto e ideológica). Él afirma que “Las sectas descubrieron que la inscripción les permite argumentar ante la sociedad una supuesta ‘legalidad’…”, y eso dificulta la influencia efectiva de los movimientos anti-sectarios.

Es decir, quedan a las claras las inclinaciones anti-constitucionales del perseguidor de sectas, que desaprueba la implementación institucional del art. 14, así como queda transparentada en sus declaraciones  la subyacente desaprobación de la existencia de diferentes creencias, ideologías o cultos, de la misma manera que queda manifiesta la identificación peligrosa, persecutoria y falaz de secta y secta destructiva, ya que allana y pone en un mismo nivel toda agrupación que tenga una ideología o religión particularizada.

Estas premisas falaces y anticonstitucionales son las que predominan en la llamada “ley anti-sectas” en la provincia de Córdoba, ensayo no reglamentado aun, persecutorio y discriminador, por LA INEFICACIA DE SU AMBIGÜEDAD Y CARENCIA DE DISCRIMINACIÓN ENTRE UNA SECTA Y UNA SECTA DESTRUCTIVA, ENTRE UNA SECTA DESTRUCTIVA Y UNA ESCUELA DE CONOCIMIENTO.

Se crea una ley anti-sectas gestada por Proyecto antisectas como “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que usan técnicas de Manipulación Psicológica”.

En sus fundamentos encontramos las mismas FALACIAS que pueden observarse en la investigación parcial y discriminadora de Alfredo Silleta. Por basarse en premisas ambiguas y contradictorias, resulta un inconcebible y patético intento de instrumentar una herramienta de persecución ideológica, enmascarada en un marco jurídico “protector” por parte de un estado paternalista.

En sus fundamentos, identifica, es decir analoga, expresamente y sin ningún asomo de discernimiento elemental, cualquier secta o agrupación con una creencia particularizada y secta destructiva, definiéndolas por sus repuestas “simplistas, mágicas y salvadoras”.

“La aparición de distintos grupos, que han dado en llamarse, nuevos movimientos religiosos, sectas, grupos totalitarios, grupos de manipulación psicológica guarda estrecha relación con un momento histórico social que propició su surgimiento, desarrollo y expansión. El espacio dejado por las grandes religiones, la caída de ideologías totalitarias que intentaron dar todas las respuestas al hombre; el fracaso de la modernidad y las argumentaciones racionales que no han podido responder a las necesidades de subsistencia y de bienestar de grandes sectores de la población produjo, en este último cuarto de siglo, una crisis de esperanza. Así nacen estos grupos con sus respuestas simplistas, mágicas y salvadoras.”

La ambigüedad connotativa que análoga “un nuevo movimiento religioso”, secta, grupo “totalitario” (suponemos que quieren denotar “terrorista”) y secta destructiva (con técnicas de manipulación psicológica), es de tal desprolijidad intelectual, que podemos inferir, o bien gran ignorancia o descarada y absoluta falta de respeto al art. 14 de la Constitución Nacional. Y si hubieran considerado, como era necesario, una amplia tipificación de variables, por supuesto no todas las agrupaciones “sectarias” podrían ser definidas por sus “respuestas simplistas, mágicas y salvadoras”, mucho menos una escuela de conocimiento, que implica mucho estudio, disciplina y metodología específica aplicada con esfuerzos concientes para el desarrollo y armonización del cuerpo, las emociones y la mente. El no considerar todas las variables de agrupaciones existentes y allanar en una única tipificación que las homologa es altamente peligroso, discriminatorio y anticonstitucional. Además de ser una descripción ofensiva para la inteligencia, por lo simplista, mágica y salvadora que pretende ser una ley que no es un instrumento de discernimiento lúcido, completo y exhaustivo. Las omisiones y ambigüedades no pueden ser admitidas cuando se van a poner en juego los derechos de las personas en una sociedad.

Por supuesto, que quieren ser lo suficientemente ambiguos como para insinuar que sus fines no son la persecución ideológica o de culto, pero a la vez, lo suficientemente contradictorios para afirmarlo después. Afirman:

“El problema no surge por sus doctrinas y dogmas, por más extrañas que sean. No se cuestionan las ideas en los cuales se fundan los grupos analizados, sino su conflictividad con la sociedad…”(…) Parecería ser que aceptan nuevas ideologías y solo cuestionan la delincuencia, es decir los hechos “delictivos” ya previstos en el código penal. Si fuera así, y sabiendo que esos hechos delictivos ya tienen sentada jurisprudencia… ¿Para qué la ley anti-sectas? ¿De qué nos quieren proteger?

Pero son tan contradictorios que al tratar de tipificar las conductas “sectarias”, VUELVEN A DEFINIRLAS POR SU IDEOLOGÍA:

En las sectas (…) “se rechazan tanto la ciencia, como los adelantos científicos. Se trata, en definitiva, de un retorno al mundo paralelo (medicina paralela, educación y pedagogía alternativa, nueva economía, nuevo urbanismo, etc.) y de un retorno a una tradición sesgada. (…)”

¿Cómo encontraríamos coherencia en la afirmación de que el problema de las sectas no es su ideología o creencia… pero una secta se define por tener una ideología “alternativa”?… ¿Qué significa “alternativa”…? ¿Diferente, no oficial, “otra” posible respecto a la ideología imperante? Entonces, a pesar de su lógica paradójica de inaplicabilidad fáctica, sí se trata de un rechazo a ideologías o creencias diferentes, un rechazo pleno y descarado al art. 14 de la Constitución Nacional.

Pero los fundamentos son tan intelectualmente inconsistentes, que ellos mismos ven la paradoja y tratan de atenuarla:

“Cualquier actuación jurídica frente al fenómeno “secta” entra en una dicotomía perversa e indisoluble entre diferentes manifestaciones del derecho a la libertad (religiosa, ideológica y de asociación) y la intervención protectora del Estado. En el fondo estriba una materia tan sensible e indefinible como la capacidad de tolerancia social frente a la diferencia o las prácticas minoritarias de carácter religioso, moral, ético o espiritual. Por eso entendemos que la intervención estatal se justifica y es necesaria en los casos en los que estos grupos usen técnicas de persuasión coercitiva y control mental, algo que por supuesto debe dilucidarse fácticamente, tornándose en técnicas delictivas, ya sea porque causan algún tipo de lesión a algún bien jurídico protegido o porque su utilización incluye que las finalidades del grupo sean delictivas o si mediante estas técnicas se induce a cometer delitos.”

Esa dicotomía es perversa e insoluble porque está claro que no pueden armonizar el derecho inalienable a la propia creencia e ideología y una ley que quiera proteger y penar el uso efectivo de este derecho humano. Por otra parte, si la supuesta coerción psicológica debe… “por supuesto” ser dilucidada por los hechos, es decir, las figuras delictivas, y éstas ya están debidamente consideradas en el código penal… ¿para qué quieren “protegernos” con esta ley…?

Más adelante vuelven a las quemantes contradicciones insalvables, porque para evaluar la naturaleza sectaria, uno de los factores a considerar es la “reforma del pensamiento”, pero -aclaran- con independencia de su sistema de creencias:

“El empleo de los tres factores que son: líder, estructura de poder o relación entre el líder (o líderes) y los seguidores, y reforma del pensamiento, nos permiten evaluar la naturaleza sectaria de un grupo o situación específicos con independencia de su sistema  de creencias.”

¡¿Qué quieren decir con tanta contradicción absurda?! Reformar el pensamiento es por supuesto adoptar un sistema de creencias diferente al que el individuo adhería antes… ¿Reforma de pensamiento con independencia del sistema de creencias? ¿A qué discurso lógico obedecen tantas contradicciones insolubles…?

En realidad lo que subyace detrás de tanta ambigüedad y falta de criterio cognoscitivo, es:

-No podemos ir contra el art. 14 de la Constitución Nacional sobre la libertad de culto.

-No podemos ir contra el derecho humano inalienable a la propia creencia o ideología, defendida por los organismos internacionales de derechos humanos…

-Pero… implícitamente, estamos afirmando:

¡Si llegamos a detectar una ideología diferente, trataremos de demostrar “a como dé lugar” que son una secta destructiva porque tienen un proyecto “alternativo” de visión de la realidad, diferente a la ideología del poder imperante. Y eso debe ser considerado como una “herejía”!

Ergo, inventaremos una causa por coerción psicológica negando la libertad de las personas para realizar una elección y decisión individual, demostrando que fue “hipnotizada”, “sugestionada”, “avasallada psicológicamente” por un programa de lavado de cerebro. De tal manera que el Estado todopoderoso y paternalista debe proteger a las víctimas de semejante manipulación psicológica, porque no eran dueños de sí, sus cerebros fueron “abducidos” por gente muy perversa. Ergo, no existen las libertades individuales ni el derecho a las propias creencias o ideologías sino están consensuadas por el Gran Padre autoritario llamado Estado. Y tampoco existe la responsabilidad individual de los propios actos, ya que sólo el estado sabe lo que es bueno o malo para el individuo y si fue o no manipulado. Ergo: No existen las libertades individuales.

Conclusión implícita de la ley: “Gente, no sueñen utopías, o van derecho a la cárcel. No vamos a permitir la libertad de pensamiento.”

Esta hipocresía y falacia jurídica se basa en el mismo pensamiento del sofista Navarro, cuando en los comentarios a las notas de defensa de “El Cántaro”, manifiesta abiertamente su asco a todas las filosofías alternativas y pone de manifiesto en sus declaraciones que es un inquisidor ideológico de la más oscura tradición fascista, enmascarado como “relativista libre pensador”, rechazando cultos, grandes religiones como el Islam, grandes pensadores, en fin, no pudiendo ocultar su fobia a las ideologías diferentes al escepticismo agnóstico, que es la ideología que profesa con fanatismo ciego, paradójicamente, y a su pesar.

No negamos la necesidad de prevención y castigo a las sectas destructivas, pero estos delitos ya están ampliamente considerados en el Código Penal. Lo que esta ley quiere proteger no son los derechos humanos, sino el avance de nuevas ideologías. Quiere ser un instrumento lo suficientemente ambiguo y contradictorio para ejercer una persecución ideológica con el aparente amparo legal. Un horror muy semejante al de las dictaduras. Crimen muy enmascarado por la manipulación de la opinión pública y que ya está cobrando las primeras víctimas: Mehir Indij, Miriam Macías y todos los integrantes de la escuela “El cántaro”. Gente completamente inocente, que no cometió ningún delito, completamente sana mentalmente, a la que se les está negando el derecho a sus propias creencias y asociación, y a las que se las está persiguiendo y afectando gravemente en su vida cotidiana, familiar, social y laboral. Una imputación propia de la Santa Inquisición que pide orden de captura a un sabio por “abuso sexual”, armando testimonios con palabras claves, un glosario preparado de antemano por Navarro, y una estructura de exposición y anécdotas que coincidan perfectamente como un rompecabezas con la dinámica de una secta destructiva y un delito por coerción psicológica, de tal forma que si no fuera por esa supuesta “persuasión coercitiva”, no habría delito alguno, ya que si hubiera habido relaciones sexuales, está de antemano demostrado que fueron consentidas. Por lo tanto, al amparo de esta ley anticonstitucional y la atmósfera inquisidora y discriminadora que se fue gestando, sin el discernimiento básico de las diferencias cualitativas entre una escuela de conocimiento y una secta destructiva, entre un líder destructivo y un sabio, se desprestigia completa e impunemente a un maestro, con acusaciones aberrantes, se pone en riesgo seriamente su vida y se mantiene a una mujer totalmente inocente 48 días viviendo el infierno social instituido, llamado cárcel…

Una ley que no solo no agrega ninguna protección efectiva, sino que está siendo el marco sórdido, por ambiguo y maquiavélico, de crímenes contra los Derechos Humanos y la Constitución Nacional.