Las palabras y el terror: la Ley Antisectas

Ley Antisectas

Cuando la lógica de los “campos de exterminio” es trasladada a las normas legales y democráticas, la sociedad entera se convierte en el espacio virtual de una suerte de gigantesco “campo de concentración”, donde “cualquiera puede estar peor que yo, y yo puedo estar peor que cualquiera”, donde “no se sabe exactamente cuándo nos va a tocar, ni por qué…”.

1. LA CONSECUENCIA DE UNA LEY ABERRANTE: LA LEY ANTISECTAS

Se le imputan al Maestro Indij -y en principio, por ahora, a una discípula- supuestos delitos que se inscriben en la letra ambigua de la Ley AntiSectas (Ley 9891 de la Pcia. de Córdoba), sancionada en febrero del 2011.  “Manipulación psicológica” es el concepto que esgrime dicha normativa y en la cual se basan los sorprendentes cargos en su contra; y producto de lo cual, la Sra. Miriam Macías, pasó -sin condena, ni pruebas que la incriminen- dos meses en una cárcel provincial, donde sufrió innecesariamente el abuso y las humillaciones del sistema carcelario, y no sólo eso sino que sufrió además la discriminación de las otras reclusas debido a que -supuestamente- ella “era de una secta” (sic).

“Manipulación psicológica”: un concepto demasiado difuso que podría aplicarse arbitrariamente a cualquier tipo de interacción de índole subjetiva, afectiva, comunicacional, intelectual, pedagógica, ideológica, periodística, religiosa, política y -muy especialmente- a la actividad publicitaria o de la industria del espectáculo. Sin embargo, el título, texto y espíritu de esta ley aberrante no deja lugar a dudas: el ámbito donde se hace foco es el de los grupos minoritarios, despectivamente llamados “sectas”.

Hay -ya desde el nombre mismo de la normativa- un grave acto de discriminación al utilizar la palabra “secta” en su sentido negativo, dando a entender que “secta” es -a priori- sinónimo de “organización delictiva“. Esta perversión del lenguaje -esta verdadera “manipulación de las palabras“- que han llevado a cabo los autores de la Ley AntiSectas, viola de antemano el principio jurídico más elemental: la presunción de inocencia.

No desconocemos que existen grupos donde se cometen determinados delitos, pero éstos no son privativos de las pequeñas agrupaciones (religiosas, étnicas, políticas o lo que fuere), sino que lo mismo ocurre en todos los ámbitos de la sociedad en general, y para su castigo está el Código Penal: razón suficiente para entender que la –así llamada- Ley AntiSectas es absolutamente innecesaria y discriminatoria.

Más aún, lo grave aquí es que existe la intención de algunos legisladores de incorporar al Código Penal nuevos tipos de delitos asociados a un concepto tan difuso como lo es “la manipulación psicológica”, lo que denota una definición tan abierta, amplia e imprecisa que podría llegar a validar cualquier atropello estatal a casi cualquier conducta personal, o contra cualquier derecho colectivo.

¿No fue Freud quien señaló que “cuando se comienza por ceder en las palabras se termina por entregarlo todo”?

2. TERROR EN LA POBLACIÓN

Existe un enorme paralelismo entre la Ley AntiSectas y la nueva Ley Anti-Terrorista. Desde la similitud semántica de sus títulos hasta el espíritu persecutorio, ambiguo e impreciso de su letra, el paralelismo es escalofriante.

La Ley Anti Terrorista -sancionada a nivel nacional- castiga los “actos realizados con la intención de crear terror en la población”. El problema es el mismo que con la ley AntiSectas: la ambigüedad para definir lo que debe considerarse “terror en la población”, sumado a que será ahora el Estado quien se erija en juez de las intenciones subjetivas, o de los efectos subjetivos de determinadas acciones. Según qué juez interprete la norma, podría ser condenado por “terrorismo” una persona, o grupo de personas, que participen de protestas sociales. La Ley Anti Terrorista contiene en su texto la aclaración que “no se aplicará cuando la finalidad de esas acciones sea la protesta social, o la defensa de derechos”; lo cual no soluciona nada, ya que continúa agregando conceptos difusos dentro de un marco de absoluta imprecisión. Pero además, valga la pregunta, ¿por qué -en primer lugar- fue necesario incluir esa aclaración?

Eugenio Zaffaroni declaró que la Ley Anti Terrorista es absolutamente innecesaria, que no se necesita la figura del “terrorismo” en nuestra legislación. En nuestro Código Penal ya existen figuras para castigar cualquier tipo de acción que se parezca a atentados, o ataques contra la población. Esto es lo que nos hace dudar de la finalidad no declarada que esta ley tiene.

Al igual que ocurre con el concepto de “manipulación psicológica” de la Ley AntiSectas, los conceptos de “generar terror en la población” (o su excepción: “la protesta social”) de la Ley Anti Terrorista contienen sentidos excesivamente ambiguos, dando lugar a cualquier tipo de interpretación. Esa imprecisión en la letra es lo que genera el verdadero Terror en el caso de ambas leyes.

El sociólogo y ensayista Eduardo Grüner señalaba, a propósito de la Ley Anti Terrorista, que “el contenido semántico de la palabra (“terrorismo”) es por lo menos “difuso”. Y esa “difusión”, esa indeterminación, esa “incerteza”, es el fundamento  verdadero del Terror. En alguna parte, Hanna Arendt habla de la diferencia entre los campos de concentración nazis y los franceses de Vichy. En los primeros -es sabido- se cosía una estrella amarilla en el uniforme a los judíos. Eso servía para fracturar la solidaridad: los otros prisioneros -gitanos, comunistas, opositores políticos, o lo que fuera- sabían que los de la estrella estaban peor que ellos, si eso era posible (y lo era). Los franceses, en cambio -siempre tan cartesianos y atentos al valor de los signos- cosían en el uniforme de sus prisioneros muchas diferentes imágenes arbitrarias sin sentido preciso. Ya no se trataba entonces de la fractura, sino del estallido de la solidaridad: cualquiera podía estar peor que yo, o yo peor que cualquiera. Así funciona el Terror: cuando no se sabe exactamente cuándo nos va a tocar, ni por qué. Así funcionó durante la dictadura de esos que, hasta antes de ayer, eran los terroristas (de Estado)”.

¡Con qué certeza extraordinaria -casi brutal, diríamos- explica Grüner los mecanismos sociales del “Terror”!

La misma “incerteza” -la misma “indefinición”- de la palabra “terrorismo” puede aplicarse -y con un grado mucho mayor de imprecisión semántica- al concepto de “manipulación psicológica” que contiene -como su fundamento- la Ley AntiSectas de la Provincia de Córdoba. Ambas leyes violan el principio de legalidad, por el cual una ley debe definir de forma taxativa y precisa las acciones castigadas y el bien jurídico resguardado.

Leyendo unas notas sobre Confucio acerca del origen de los males sociales en la confusión de los significados y en la caída de los nombres –“cada nombre encierra un destino” decía Confucio anticipándose al psicoanálisis-, reflexioné sobre los mecanismos del Terror. Cuando la lógica de los “campos de exterminio” es trasladada a las normas legales y democráticas, la sociedad entera se convierte en el espacio virtual de una suerte de gigantesco “campo de concentración“, donde “cualquiera puede estar peor que yo, y yo puedo estar peor que cualquiera”, donde “no se sabe exactamente cuándo nos va a tocar, ni por qué…”. Pues digámoslo con toda claridad: después de la sanción de la Ley 9891 se ha vuelto peligroso ir a meditar a las sierras, hacerse macrobiótico, o vivir en pequeñas comunidades (organizadas a partir de ideas o creencias más o menos heterodoxas) en la Provincia de Córdoba.

Este tipo peligroso de leyes -sostenidas en la caída de los nombres- entra en contradicción con la democracia, las garantías constitucionales y los derechos humanos. Por supuesto –aquí nadie es ingenuo-, semejante manipulación semántica no es aleatoria ni inocente. Quien logre establecer y controlar el uso de las palabras -como decía Freud- podrá controlarlo todo a su antojo.

¿Quiénes son los autores intelectuales de la Ley Anti Terrorista y de la Ley Anti Sectas?

3. LA POSICIÓN DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

En el caso -obvio y de público conocimiento- de la Ley Anti Terrorista, los organismos de derechos humanos, con pequeños matices en su tono hacia un gobierno que ha hecho cosas muy positivas en esta materia, han manifestado -más o menos unánimemente- su rechazo a esta ley, que se contradice con la política oficial de derechos humanos vigente hasta el momento de su sanción.

Paralelamente, en el caso de la Ley Anti Sectas de la provincia de Córdoba, con similares argumentos, organismos de derechos humanos como la APDH han expedido su dictamen acerca de la norma (Ley Provincial 9891), en el cual entienden que la misma “propone un debate interesante sobre la práctica de estos cultos y los perjuicios que los mismos pueden provocar en ciertos individuos, pero planteada de esta manera se convierte en una norma poco precisa, que se opone en primer lugar a los derechos establecidos en la Constitución Nacional:

Art. 14 – Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: (…) de profesar libremente su culto.

Art. 19 – Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Debería además, recibir tratamiento en la comisión de salud (como propuso el legislador Serra) y -en todo caso- ampliarse el debate, revisando el impacto que otras instituciones, como por ejemplo las educativas, los medios de comunicación y demás herramientas de “manipulación psicológica”, tienen en los ciudadanos”.

Por lo tanto, entendemos -en primer lugar- que el tratamiento legislativo de la normativa ha sido -por lo menos- sospechoso: en el mismo se debió haber dado participación a la comisión de salud para que intervengan en el debate profesionales del ámbito de la salud mental, de la salud pública o de la sociología (en vez de invitar a periodistas de medios amarillistas “amigos” en calidad de “expertos”, como vergonzosamente hicieron las legisladoras autoras de la ley). No obstante, lo más notorio del caso es que -como no podía ser de otro modo cuando se invoca la autoridad de un equipo de periodistas aficionados, vaya a saber con qué intereses- la Ley Provincial 9891 (Ley Anti Sectas) resulta INCONSTITUCIONAL.

Lo segundo que se desprende del dictamen de la APDH es que, si se ha de dar lugar al concepto de “manipulación psicológica”, el mismo no debería restringirse únicamente al ámbito de los grupos minoritarios con fines filosóficos, religiosos o pedagógicos; sino que -de manera mucho más amplia- a las demás instituciones del conjunto de la sociedad. De no hacerse así, entendemos que se incurre en un acto discriminatorio contra los derechos de las minorías.

En virtud de esto, se impone un prudente llamamiento a todas las instituciones de la Provincia de Córdoba, especialmente al poder legislativo, para que se revise la ley provincial 9891 que -irónicamente- produce el efecto que la Ley Anti Terrorista castiga con severas penas, a saber: “generar Terror en la población”.

¿Será necesario recordar ahora las célebres y trilladas líneas de Bertolt Brecht: “primero vinieron por…”?

Ojalá no lo fuera.