Aberraciones en la ley antisectas

ley antisectas

El 9 de febrero del 2011  las legisladoras del oficialismo María Amelia Chiofalo (Unión Por Córdoba) y Nadia Vanesa Fernández (Peronismo Militante – P.C.) llevaron a la sesión de la legislatura provincial de Córdoba un  proyecto de ley de su autoría, que tiene como fin restringir el funcionamiento de sectas que utilizan técnicas de manipulación psicológica. A pesar de que la ley sufre de una peligrosa ambigüedad y zonas grises de interpretación que podrían llegar a perjudicar a todo tipo de agrupaciones no delictivas e incluso vulnerar derechos constitucionales, el proyecto tuvo el apoyo del oficialismo y la ley fue aprobada con urgencia y sin mayor tratamiento. Algunos legisladores auguraron su peligrosa inconstitucionalidad y se abstuvieron de votar o la rechazaron, pero igualmente la ley fue aprobada  y no tardó en evidenciar sus defectos.

La Escuela de Conocimiento El Cántaro y su fundador Mario Indij somos sus primeras víctimas. El resultado es devastador para todos y los daños ya infringidos son irreparables.

El discurso bajo el cual fue presentado este proyecto de ley es sumamente tendencioso y parcial. Un discurso digno de arengar al hombre masa a aprobar una ley sin que medie la razón. Si desea leerlo usted mismo puede descargarlo de: www.prensalegiscba.gov.ar/img/notas/adjunto-1979.doc,

Esta es nuestra lectura…

El proyecto de ley se presenta en un tiempo de crisis. Tal como lo reconoce la legisladora Chiofalo, es un tiempo de crisis de las grandes religiones, crisis de las grandes ideas, del concepto del ser humano y de su trascendencia, de los grandes valores e ideas. En este marco el hombre busca respuestas, y no habiéndolas encontrado en las instituciones religiosas vigentes las busca desesperadamente en otras agrupaciones, en otras filosofías, en otras religiones o en otros religiosos: los curas de la iglesia católica, los rabí del judaísmo, los gurúes de la india, los chamanes de Latinoamérica, el sensei japonés, el sheik o saij de los árabes, por nombrar tan solo a algunos. No son enseñanzas nuevas ni es nueva la figura del líder religioso, ni la admiración o devoción a él. Lo que es nuevo es la variedad y eso asusta.

El derecho a la libertad religiosa no conllevaba ningún riesgo cuando las opciones eran una o dos como mucho, pero ahora que la globalización ha abierto un abanico de opciones hay muchos que parecen sentirse amenazados por la libertad de pensamiento y credo, y están aparentemente preocupados por el bienestar de sus pares que no piensan exactamente igual que ellos. Desmereciendo estas agrupaciones bajo el término peyorativo de secta, la legisladora en un intento de análisis etimológico asocia a ella palabras de connotación negativa como “seccionar, partir, amputar, mutilar” cuando hasta Wikipedia puede proveer un significado más real y objetivo, si esa fuera la intención.

En esta variedad de credos  se corren los mismos riesgos que en la democracia: la aparición de grupos políticos que tienen una ideología y metodología diferente que tal vez no compartimos en absoluto y que hasta creemos contraproducentes y corrosivos. Y aun así tenemos la obligación de respetarlos y tenerlos en cuenta a pesar de las diferencias. Imagínense que en vez de tener una actitud de humildad, tolerancia y respeto, uno se dedicara a inventarle delitos a los políticos para meterlos a todos en la cárcel, o a desprestigiarlos por completo pagándole a algún periodista para tal fin. Este paralelo ejemplifica lo que hicieron con Mario Indij, le pagaron a un periodista para calumniar y que lo injuriara públicamente, y le prometieron al periodista protección asegurándole que un fiscal abriría una causa penal que lo resguardaría de un posible juicio a él y al diario. Así lograrían encarcelar a Mario Indij imputándole como delito “una relación sexual bajo manipulación psicológica”. Una mezcla perfecta entre dos figuras “legales” dadas a la trampa, el delito de  abuso sexual y la ley contra grupos de manipulación psicológica.

No es casual que ese periodista sea Sergio Carreras. Y no es casual que el abogado de las “supuestas víctimas” de una “supuesta secta destructiva” sea Héctor Walter Navarro. No es casual que sean los asesores de las legisladoras Chiófalo y Fernández en materia de sectas  los que están intentando sentar precedente de un caso de manipulación psicológica.

Sergio Carreras, un hombre que dista mucho de ser un investigador periodístico y nuestra experiencia demuestra que lamentablemente es un periodista sensacionalista que publica lo que se vende y no lo que es verdad. Sergio Carreras, un periodista que lejos de investigar la veracidad de los hechos que le pidieron que publique a cambio del dinero recibido, hizo que sus compañeros del diario La Voz del Interior nos llamaran para “negociar” la calumnia.

Éste hombre participa de la  sesión de los legisladores de la provincia de Córdoba y se instaura como asesor con sus supuestas investigaciones.

Héctor Walter Navarro, el abogado de  supuestas víctimas de una supuesta secta con técnicas de manipulación psicológica. Un hombre con una concepción propia y muy estrecha acerca de lo que debería ser la libertad de pensamiento y religiosa , y que ante la imposibilidad de atacar abiertamente este derecho  pretende encarcelar, uno por uno, a toda persona que enseñe lo que él considera “falso”, lo cual es un modo directo de coartar la libertad de convicciones. Como si ese “abogado” tuviera algún tipo de autoridad para decidir categóricamente, desde el abierto y extremo escepticismo que profesa, lo que es verdadero o no, lo que es bueno para los demás o no. Pero a pesar de no tener dicha autoridad decide, acorde a sus propias creencias imputarle delitos a quién él considera culpable y no al que verdaderamente lo es, ayudado por los argumentos de “manipulación psicológica” de una ley imprecisa. Una ley que le permite a uno no hacerse responsable de las propias acciones (sean éstas delictivas o no) e imputárselas a otro bajo el concepto de manipulación psicológica, lo que posibilitaría que cualquiera acusado de “manipular” fuera a la cárcel y cualquiera que se diga víctima de manipulación pueda delinquir impunemente.

Un trabajo mancomunado con funcionarios poco éticos que protegidos por su misma función dicen investigar “de oficio” y de un día para el otro acusan a un ciudadano inocente de un delito que no cometió. El fiscal Ricardo Mazzuchi decide “investigar” solicitar pedido de captura, lo cual para la opinión pública ya suena a “condenar” a Mario Indij, fundador de la Escuela de Conocimiento El Cántaro, de haber tenido relaciones sexuales por medio de la  manipulación psicológica, hecho que solo existe en su corrupta y perversa imaginación y en la necesidad de defender los intereses de los que efectuaron la campaña de difamación mediática.

Si después de 22 (veintidós) allanamientos “oficiales”  y 11 (once) allanamientos más  encubiertos bajo la forma de “robos” (33 en total), después de  cinco meses de una agresiva investigación realizada sobre todos los integrantes de la Escuela El Cántaro sin encontrar ni una sola prueba de ningún tipo de delito, no pueden sacar como obvia conclusión la inocencia de Mario Indij, no vamos a ser los únicos que desconfíen de sus intereses en esta causa, de sus obvios intereses en sentar precedente de un caso de manipulación psicológica que jamás existió. ¿Quisieron dar con una secta destructiva y se equivocaron, mucho? Iniciaron contra el Sr. Indij una causa penal cuyo propósito no era la justicia sino afianzar una ley de efectos inconstitucionales. Lo único que lograron es evidenciar los errores de una ley negligentemente aprobada.

Los cargos contra Mario Indij deben ser levantados YA MISMO. Éste hombre es un ser ejemplar, digno de respeto para la sociedad, cuya imagen ha sido ensuciada, calumniado e injuriado públicamente. Y quienes están involucrados en la aprobación de ésta ley deben colaborar para resarcir el error y evitar que ésta ley  cobre otras  víctimas.

Queremos colaborar en la corrección de esta ley, para que otras agrupaciones religiosas o filosóficas no tengan que pasar por esta situación de ser perseguidas  convirtiéndose  en nuevas víctimas de esta ley. Su ambigua y tendenciosa redacción deja un sabor amargo que recuerda y anticipa los tiempos de un régimen totalitario e inquisidor.

Ahora, sabiendo de la inocencia de Mario Indij, nos hemos llegado a preguntar si no habrá otras personas o agrupaciones, rotulados de líderes sectarios y agrupaciones destructivas, que fueron víctimas de estos ataques y que tampoco han cometido delito alguno.

Es cierto e innegable que en la variedad siempre aparecen agrupaciones -de índole religiosa, filosófica, política, o de cualquier tipo- que no obedecen a lo justo, a lo sano, a lo bueno, a lo equitativo, sino muy por contrario obedecen al egoísmo y a la destrucción.

No obstante el discurso  de las legisladoras Chiófalo y Fernández es sumamente tendencioso, exponiendo  como ejemplos casos terribles como el del niño correntino Ramoncito, el caso de “Los niños de Dios”, etc. Violaciones, torturas y asesinatos. Y en el medio de todo esto citan por ejemplo a una agrupación new-age llamada Amatreya cuyo crimen es la creencia de que sus hijos deben tener  una alimentación de tipo naturista y vegetariana, y una práctica educativa y pedagógica diferente, como si las escuelas Waldorf fueran algo muy distinto. No pretendemos exponer aquí un juicio de valor sobre esa agrupación, ni defender ni acusar a nadie, pero cae de maduro que la exposición de las legisladoras es sensacionalista, buscar impresionar y asustar a sus oyentes bajo alegatos de desprotección, sumergiendo a todos en un temor en el cual parece pasar desapercibido que todos, desde los asesinos y violadores hasta los más inofensivos naturistas, entran en una misma bolsa, la bolsa de las “sectas”. Y con miedo nosotros nos preguntamos ¿Cuántos más caben en la bolsa de estas legisladoras?

Nos parece sumamente valorable la actitud de legisladores que se manifiestan interesados en asesorarse y tratar con más tiempo y profundidad una ley que en el sospechoso apuro puede tener consecuencias inconstitucionales, valoramos la necesidad de que los representantes del pueblo quieran pensar por sí mismos. Las legisladoras citan permanentemente que ya existe una ley así en Francia, que hay precedentes de sentencias por manipulación psicológica en Estados Unidos, etc. en una estrategia que pareciera apelar al complejo de latino o de país tercermundista para votar una ley a libro cerrado y no pensar y reflexionar al respecto. Como si el nazismo no hubiera surgido en el corazón de Europa… Conocemos también (y ponemos a disposición) otras fuentes menos parciales y más actualizadas que explican cómo en EEUU este tema de los posibles delitos por “manipulación psicológica” ya fue debatido arduamente, y cómo de dicho debate se llegó a la conclusión de que no se puede tipificar los planteos subjetivos de coerción como delito para  negar la responsabilidad del individuo en sus acciones.

Así también sus discursos apuntan a obnubilar la razón con permanentes alusiones a la Córdoba vanguardista y pionera de sancionar una ley contra grupos de manipulación psicológica, cuando son ellas quienes están manipulando a los representantes del pueblo, tratando de desbaratar su capacidad de crítica y raciocinio para conseguir la aprobación a libro cerrado de una ley que adolece de muchísimo defectos y da lugar a graves consecuencias. Damos fe.

No desmerecemos la preocupación de las legisladoras María Chiófalo y Nadia Fernández, ni sus esfuerzos, ni la necesidad de una regulación sobre grupos peligrosos pero, siendo víctimas de los inconsistentes argumentos gestados por ellas y sus colaboradores, esperamos sepan entender nuestro ferviente interés por señalar sus errores, causantes de daño moral, psicológicos irreparables, como económicos, para no hablar de los derechos individuales que están siendo avasallados a partir de esta “investigación”.

Confiamos en la decisión responsable de los representantes del pueblo, especialmente en los legisladores involucrados, y nos ponemos a disposición para colaborar en el perfeccionamiento de esa ley, no como víctimas de una secta destructiva, sino como pertenecientes a una Escuela de Conocimiento que se ve amenazada por la ambigüedad y extensión de los términos usados en dicha legislación . Escuela de Conocimiento que quiere y que tiene el derecho a que se la respete como agrupación educativa y filosófica.