La policía del pensamiento

maestro mehir

Hemos recibido en nuestra página de defensa www.maestromehir.org, un texto escrito por un jurista que sigue muy de cerca esta causa injusta, alentándonos a seguir con nuestra lucha, “…convencido de que muy pronto se revelará a la luz de la verdad esta trama infame contra la libertad de creencias que mina las raíces de nuestra Constitución Nacional.”

¿Qué está sucediendo con el derecho humano a la libertad de conciencia en nuestro país? ¿Una “policía del pensamiento”?

La causa fraudulenta contra el maestro Mehir, bajo la máscara de un supuesto delito de abuso sexual por manipulación psicológica, está encubriendo una persecución ideológica que vulnera gravemente las garantías constitucionales de cientos de ciudadanos. En los más de 40 allanamientos (entre allanamientos oficiales y encubiertos en forma de robos, y otros mecanismos intimidatorios) a discípulos y allegados a la escuela El Cántaro, se han secuestrado libros, bibliotecas enteras, cuadernos con apuntes de estudio, carpetas, revistas, notebooks, pendrives, etc… y se pregunta insidiosa y tendenciosamente sobre la dinámica de la “secta”, dejando explícitamente aclarado que “todo lo referente al culto tiene que ver con la causa…”

Es un atropello de persecución e intimidación ideológica secuestrar material intelectual y libros de la biblioteca privada de una persona que no está imputada en ninguna causa penal, por el solo hecho de adherir a las enseñanzas de un maestro de conocimiento, pero es también una grosera y estridente corroboración del auténtico móvil de la cacería encarnizada contra el maestro Mehir y una manifestación más que evidente, de que es una persecución inquisidora e inconstitucional: un atentado a la libertad de culto e ideológica que recuerda las quemas de libros en la dictadura militar, y pretende brutalmente amedrentar y erradicar la libertad de pensamiento…

Hay una tendencia creciente en el ámbito de la defensa de los derechos humanos individuales, a nivel internacional, de considerar la libertad de culto o religiosa (garantizada en nuestra constitución nacional) dentro del derecho inalienable y primordial a la libertad de conciencia o libertad de convicciones. Distintos tratados internacionales a los que Argentina ha adherido garantizan esta libertad por encima de cualquier intento de restricción censuradora o discriminadora. La libertad religiosa es protegida por el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 9 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos que dice “Todos tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.” Prácticamente todo país democrático en Europa ha implementado el Artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos en su ley nacional. Sin embargo, en los hechos, se está irradiando desde la más oscura y subterránea pervivencia inquisidora medieval “cazabrujas”, una fuerte tendencia europea a la discriminación y censura, como instrumentación retrógrada de una “policía del pensamiento” a través de especialistas antisectas y agrupaciones xenófobas y sectofóbicas, que atentan muy gravemente contra el derecho humano primordial a la libertad de conciencia.

Lo que está ocurriendo hoy es que grupos e individuos son etiquetados como sectas y miembros de sectas, no por algún crimen que el grupo haya cometido, sino porque un grupo de autonombrados “expertos” deciden que son una llamada secta y por tanto deben ser perseguidos. Esto no es nuevo en la historia de Europa en lo absoluto. Los romanos persiguieron a los cristianos, los cristianos persiguieron a las brujas, los nazis persiguieron a los judíos. Aceptar la persecución con base al etiquetado de grupos como sectas, que nadie puede definir ni determinar qué criterios definen a un grupo como secta, sería aceptar un futuro oscuro para los derechos de los hombres y mujeres de Europa. El etiquetado de secta ha espantado a muchos para no levantar la voz en contra de estas obvias atrocidades, debido al miedo de ser etiquetados ellos mismos.

En su editorial del 23 de junio de 2000, el diario francés Le Figaro se preguntó si la Iglesia Católica no sería blanco de la ley anti-culto en el futuro: “Una joven que ha elegido vivir fuera del mundo, que ha renunciado a sus pertenencias, dejado sus ropas, se ha cortado el cabello, que obedece sin murmullo a todo trabajo duro sin salario y se levanta muchas veces en la noche a recitar oraciones aprendidas de memoria, puede ser considerada algún día, por un juez, como una víctima de “manipulación mental”. Sin embargo, así es como viven las Carmelitas” (1).

Esta tendencia condenatoria de toda ideología o creencia, filosofía o religión de agrupaciones minoritarias, viene seductoramente ofrecida para el consumo masivo, por una propaganda mediática (que podríamos llamar auténtico “lavado de cerebro” por su capacidad de sugestión perversa) que asocia peyorativamente el término “secta” a conductas delicitivas vinculadas necesariamente a creencias peligrosas para la sociedad. De tal manera que para el sentido común manipulado del hombre medio, una secta ya implica conductas perversas provenientes de “ideas inaceptables” y todas las sectas de por sí son destructivas. Esta falacia retrógrada que tan gravemente está violando los derechos humanos más elementales se considera “vanguardista” para los legisladores que intentan llevar la ley anti-sectas, aprobada en la ultra conservadora Córdoba, a todo el país, apoyados con campañas mediáticas y escándalos públicos, como el escándolo premeditado en la Feria del Libro de Salum contra Claudio María Domínguez.

Dice el presidente de Calir (Consejo Argentino para la Libertad Religiosa), Juan G Navarro Floria, en “SECTAS” O NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS ANTE EL DERECHO ARGENTINO:

En el derecho argentino no hay una legislación específica sobre “sectas”. En ello la Argentina coincide con la tendencia dominante en el derecho comparado occidental y con la proposición mayoritaria de la doctrina. Esta es una opción correcta. Basta para dar respuesta a “las sectas” (sea lo que fuere que se entienda por tales) con la legislación común. (…)

Ciertamente, es inadmisible que las personas, o los grupos, sean penalizados en función de sus creencias. Por eso, al decir que los límites a la actuación de las “sectas” deben colocarse en el código penal, lo que se afirma es que lo que puede –y debe- penalizarse, son las conductas antisociales o atentatorias contra el bien común. Incluso si son realizadas con pretexto o pretendida justificación religiosa, y en algunos casos con mayor severidad justamente por esa desfiguración o abuso de lo religioso. Pero únicamente las conductas concretas, y siempre en el marco del debido proceso y garantizando el derecho de defensa ante el juez natural.

Si esta idea es vinculada con la postulación hecha previamente de algunos principios orientadores en esta materia, habrá que concluir que la sanción penal no puede ni debe ser provocada ni agravada por la creencia o pertenencia religiosa que tenga en concreto el autor de los hechos que se juzgan: es igualmente grave el abuso sexual de un menor cometido por un sacerdote católico que el realizado por un pai umbanda; y como se sabe no estamos hablando de casos meramente hipotéticos”.

(…) “Dado que el estado democrático laico no puede discriminar a los grupos religiosos en función de sus creencias, es inevitable que algunos grupos que doctrinaria o teológicamente son considerados “sectas” por otros, incluso por la Iglesia mayoritaria, obtengan reconocimiento por parte del Estado. Es muy probable que también obtengan dicho reconocimiento, grupos que en su modo de actuar tengan “características sectarias” según se describen éstas habitualmente. Como por otra parte, puede haber también dentro de la Iglesia Católica grupos o instituciones que presentan algunas de esas características, o que realizan prácticas que presentadas de modo aislado o exagerado servirían para catalogarlos como “sectas”, tal como ha ocurrido injustamente en otros países.

En la medida en que estos grupos y personas no transgredan la ley, no corresponde al Estado ni al derecho impedir su actuación. Es responsabilidad de las iglesias y confesiones históricas, en todo caso, dar a sus miembros y fieles la contención y la formación necesaria para evitar su emigración a otras formas religiosas; y no recurrir a la fuerza estatal para impedirlo, cosa por otra parte imposible de hacer sin violentar gravemente la libertad de conciencia.”

Sin embargo, lo que está ocurriendo, como consecuencia de la violación del derecho a la libertad de conciencia, es que una causa es prearmada acusando de un delito “no excarcelable” a un individuo completamente inocente, con la metodología maquiavélica de condenar y erradicar a una supuesta “secta”, por sus creencias e ideología. Y aunque el proceso de investigación da cuenta estridentemente de la inexistencia de pruebas del supuesto delito, la fiscalía sigue allanando e intimidando, recaudando material privado de contenido ideológico, que hasta puede encontrarse en cualquier librería y después de meses, cuando se solicita reiteradamente su devolución, responden irónicamente, en algún nuevo allanamiento, que “todavía no los han empezado a estudiar…”

Es evidente para los cientos de personas de la escuela El Cántaro, que no se está investigando ningún supuesto delito, lo que se está ejerciendo es la presión coercitiva inconcebible en una Argentina que se declara democrática, por parte de una “policía del pensamiento”.

Augusto H., Jurista.

(1) Para ampliar la información sobre “Cacería de brujas moderna” y la creciente discriminación religiosa en Europa, véase Cazadebunkers: www.cazadebunkers.com

Agradecemos por este medio al Dr. Augusto H. por habernos recibido y por este escrito que nos resulta altamente significativo y un aliciente para seguir luchando. Nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a su responsabilidad profesional.

Escuela de Conocimiento El Cántaro